Mineros en Sinaloa exigen garantías de seguridad tras desapariciones recientes
Representantes de la industria minera demandan al gobierno de Claudia Sheinbaum medidas urgentes de protección para evitar que los trabajadores sigan siendo víctimas de la violencia.

Representantes del sector minero en Sinaloa manifestaron este sábado su exigencia a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para implementar una estrategia de seguridad efectiva en las zonas de extracción. La solicitud surge tras la reciente desaparición y asesinato de varios trabajadores en la entidad, hechos que han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del gremio ante grupos de la delincuencia organizada que operan en regiones serranas.
La industria minera subrayó que la falta de condiciones seguras impide el desarrollo de las actividades productivas y pone en riesgo la vida de los trabajadores. Los empresarios del ramo han instado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a coordinar operativos de vigilancia permanente en las rutas de acceso a las minas, buscando frenar la impunidad que rodea a estos crímenes que, según los afectados, no deben convertirse en una estadística más.
Durante los últimos meses, el aumento en los reportes de violencia ha generado una crisis de confianza entre los empleados, quienes enfrentan el riesgo de sufrir extorsiones o agresiones directas durante sus jornadas laborales. Los portavoces del sector han propuesto la creación de mesas de diálogo con el gobierno federal para establecer protocolos de protección civil y patrullajes constantes que aseguren la integridad de las plantillas mineras en el estado.
Hasta el momento, la respuesta de las autoridades se ha centrado en el refuerzo de la presencia de la Guardia Nacional en puntos estratégicos de Sinaloa. Sin embargo, los representantes mineros insisten en que estas acciones deben ser sostenidas y acompañadas por investigaciones exhaustivas de la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a los responsables de las desapariciones y garantizar que se aplique la justicia conforme a derecho.
El llamado al Poder Ejecutivo también incluye la petición de un plan de acompañamiento institucional que permita a las empresas operar sin las restricciones impuestas por grupos delictivos. La seguridad de los trabajadores, señalan los manifestantes, es un derecho fundamental que debe prevalecer sobre cualquier interés productivo, instando a las dependencias involucradas a priorizar la paz social en las regiones más afectadas por la inseguridad.


