FGR descarta órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán y López Beltrán
La Fiscalía General de la República aclaró que no existen procesos judiciales ni órdenes de captura vigentes contra Amílcar Olán ni Andrés López Beltrán.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que actualmente no existen órdenes de aprehensión giradas en contra de Amílcar Olán, empresario señalado en diversas investigaciones periodísticas. Ernestina Godoy, titular de la institución, fue cuestionada directamente sobre el estatus legal del empresario, ante lo cual respondió de manera tajante que no existe ninguna acción judicial en curso que involucre a dicha persona.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, la funcionaria también fue consultada sobre posibles investigaciones relacionadas con Andrés López Beltrán. Al respecto, la titular de la Fiscalía reiteró la misma postura, señalando que tampoco existen procesos judiciales o mandamientos de captura en contra del hijo del expresidente, desestimando los señalamientos que han circulado recientemente en medios y redes sociales.
Estas declaraciones ocurren en un contexto donde diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos de oposición han solicitado mayor transparencia sobre las actividades empresariales vinculadas a figuras cercanas al círculo familiar del anterior mandatario. La postura de la FGR busca cerrar la especulación sobre el avance de supuestas carpetas de investigación que no han sido confirmadas por las autoridades ministeriales correspondientes.
El órgano autónomo enfatizó que, en caso de existir elementos de prueba que constituyeran un delito, los procesos se conducirían conforme a derecho y bajo las atribuciones propias de la Fiscalía. Por el momento, la autoridad federal se mantiene firme en la inexistencia de investigaciones activas o solicitudes de detención ante los jueces de control contra las personas mencionadas en este caso.
La transparencia sobre estos temas sigue siendo un punto de interés para la opinión pública y el Poder Legislativo, donde diversos legisladores han insistido en la necesidad de desahogar las denuncias presentadas. Sin embargo, la Fiscalía mantiene su criterio institucional basado en el estado actual de los expedientes bajo su resguardo.


