Adrián LeBarón rechaza solicitud de diez años de prisión por masacre
Adrián LeBarón manifestó su inconformidad ante la propuesta de la Fiscalía General de la República para sentenciar a un implicado en el ataque de 2019.

Adrián LeBarón, activista y familiar de las víctimas de la masacre ocurrida en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, denunció públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende solicitar una pena de solo diez años de prisión para uno de los sujetos procesados por estos hechos. La postura de la institución ha generado un fuerte descontento entre los integrantes de la familia, quienes consideran que la propuesta es insuficiente ante la gravedad de los delitos cometidos contra mujeres y menores de edad en la zona serrana entre Sonora y Chihuahua.
El representante de la familia señaló que este criterio judicial no refleja la magnitud de la tragedia que conmocionó a la opinión pública nacional hace siete años. Según lo expuesto por el activista a través de sus canales oficiales, el proceso penal ha estado marcado por diversas complicaciones y demoras que han impedido alcanzar una sentencia que, a su juicio, garantice la justicia plena para las nueve personas que perdieron la vida en el ataque armado.
La inconformidad radica principalmente en la tipificación de los delitos que la FGR ha presentado ante los jueces federales. Para LeBarón, la argumentación de la fiscalía minimiza la participación de los señalados en la estructura delictiva que operaba en la región, lo cual derivaría en una condena que no corresponde a los estándares de justicia exigidos por los familiares de las víctimas desde que ocurrieron los hechos durante el sexenio pasado.
En este contexto, la familia LeBarón ha reiterado su intención de continuar con los recursos legales necesarios ante el Poder Judicial de la Federación para impugnar cualquier resolución que consideren benevolente con los presuntos responsables. Asimismo, han solicitado que se revisen exhaustivamente las carpetas de investigación para asegurar que todas las líneas de responsabilidad sean agotadas antes de que se dicte una sentencia definitiva en la causa penal que se sigue en los tribunales del país.


